Argentina logra una reforma laboral sin precedentes desde 1974

Después de una sesión que duró más de 13 horas, los senadores argentinos han aprobado el avance de la reforma laboral presentada por el gobierno de Javier Milei. Esta Ley de Modernización Laboral representa el primer triunfo legislativo significativo de Milei en 2026 y modifica elementos fundamentales del sistema laboral que rige desde la década de 1970.

Al mismo tiempo, los sindicatos están organizando nuevas huelgas y medidas legales para bloquear una ley que, según ellos, facilita los despidos, extiende la duración de la jornada y debilita el derecho a la huelga. Por su parte, el gobierno sostiene que sin reformas de este tipo, Argentina permanecerá estancada en un mercado laboral inflexible, con alta informalidad y escasa inversión.

Aprobación en el Senado y reacciones en las calles

El proyecto de reforma laboral ha superado su mayor obstáculo al obtener la mayoría requerida en el Senado, tras una sesión de más de 13 horas que concluyó con 42 votos a favor y 30 en contra, sin abstenciones. La aprobación ocurrió mientras en las calles se utilizaban gases lacrimógenos y cargas policiales para controlar el malestar de trabajadores y grupos sindicales. El saldo de estas manifestaciones incluye al menos 15 heridos y varias decenas de detenidos.

Con la luz verde del Senado, el gobierno ahora se enfoca en asegurar que la normativa pase sin modificaciones mayores por la Cámara de Diputados, un paso que se ve como un formalismo con apoyos ya asegurados.

Despidos con indemnizaciones reducidas

El núcleo económico de la reforma radica en el cálculo de las indemnizaciones por despido. La ley altera los parámetros considerados para determinar el monto final. Se excluyen del cálculo el aguinaldo (Sueldo Anual Complementario), las vacaciones y los bonos no mensuales, elementos que actualmente muchos jueces incluyen en las indemnizaciones.

En la práctica, esto significa que en casos de despido improcedente, el trabajador recibirá una compensación menor que bajo el sistema actual, aunque la norma establece un mínimo del 67% del salario habitual. Además, las grandes empresas pueden dividir el pago de las indemnizaciones en hasta seis cuotas mensuales para los empleados despedidos, y hasta en 12 cuotas para las pymes.

Creación de un fondo común para indemnizaciones

Para mitigar el impacto de las indemnizaciones en las empresas, la nueva legislación introduce el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un fondo colectivo que se alimenta con contribuciones mensuales obligatorias. Las grandes empresas aportarán el 1% mensual y las pymes el 2,5%, sobre la misma base utilizada hoy para las contribuciones a la Seguridad Social.

Como resultado, la Seguridad Social dejará de recibir estos fondos, que serán administrados bajo supervisión estatal. Al despedir a un trabajador, una parte significativa de la indemnización correspondiente no saldrá directamente de la empresa, sino de este fondo.

Flexibilidad en la jornada y banco de horas

La reforma no aumenta la jornada laboral máxima, que se mantiene en 48 horas semanales, pero sí modifica su distribución. El elemento clave es el “banco de horas”. Empresa y trabajador podrán acordar que las horas trabajadas más allá de las ocho diarias establecidas por la ley se cuenten como extras y se compensen posteriormente con días libres o reducciones de jornada.

Esto permite que en algunos días la jornada se extienda hasta 12 horas, siempre y cuando se compense en el período acordado. Para el gobierno, este modelo ofrece flexibilidad a sectores con fluctuaciones de actividad. Para los sindicatos, facilita jornadas prolongadas sin la compensación económica que protege actualmente al trabajador.

Desregulación de horas extra y cambios en pagos salariales

Otro cambio en la normativa laboral argentina es que la compensación por horas extra deja de depender casi exclusivamente de los convenios colectivos y pasa a negociarse individualmente entre empleado y empresa.

Además, se introduce una novedad en los salarios: el pago podrá realizarse en pesos, divisas o incluso en especie, como comida o alojamiento. Todos los pagos salariales deberán efectuarse mediante transacciones bancarias, lo que reduce la economía informal asociada a los pagos en efectivo y mejora el control fiscal.

Cambios en bajas médicas y vacaciones

Las bajas por enfermedad o accidente no relacionado con el trabajo se restringen en ciertos casos. Si la causa se considera un acto voluntario o conducta de riesgo para la salud, el empleado recibirá el 50% del salario básico durante tres meses si no tiene dependientes, o seis meses si los tiene. En otros escenarios, el porcentaje puede llegar al 75% del salario. Las empresas ganan mayor influencia en las juntas médicas y de control, lo que los sindicatos ven como una reducción en la protección del trabajador enfermo.

Las vacaciones también se ajustan. La nueva ley permite dividir los días en bloques de no menos de siete días consecutivos, distribuidos a lo largo del año. Esto elimina la garantía de tomar todas las vacaciones en verano, asegurando solo que el trabajador tenga al menos algunos días en verano coincidiendo con las vacaciones escolares una vez cada tres años.

En esencia, las empresas obtienen más margen para organizar el calendario de vacaciones según necesidades productivas, distribuyendo al personal en diferentes periodos sin que el empleado tenga control sobre ello.

Restricciones al derecho de huelga

Uno de los aspectos más controvertidos para el movimiento sindical son las limitaciones al derecho de huelga y la organización sindical. La reforma expande considerablemente la lista de “servicios esenciales” donde, incluso durante una huelga legal, debe mantenerse al menos el 75% de la actividad. Para los trabajadores, esto implica que muchas huelgas resulten en operaciones casi normales, reduciendo su poder de presión.

Las reuniones sindicales durante el horario laboral requerirán autorización previa de las empresas y no podrán interrumpir el funcionamiento. Además, los bloqueos de instalaciones, cortes de accesos o tomas de edificios por parte de empleados se clasifican como infracciones graves, con posible despido.