
Mientras la Península Ibérica experimenta un exceso histórico de energía renovable a precios extremadamente bajos, el resto del continente enfrenta facturas elevadas. Entre estas dos situaciones se interpone una barrera, no física, sino de intereses políticos y nucleares: Francia. El país vecino funciona como un obstáculo que bloquea el flujo de energía económica desde el sur hacia el norte, salvaguardando su sector atómico a expensas de los consumidores europeos.
Los datos del 11 de febrero destacan la falta de integración en Europa. De acuerdo con los registros de OMIE y ESIOS, el precio medio en el mercado diario de España cayó a 4,23 €/MWh, con periodos en los que los productores pagaron por suministrar energía (precios negativos de -0,42 €/MWh). En Portugal, la situación es más pronunciada: el megavatio hora cuesta 0,34 €, lo que equivale a casi gratis.
Sin embargo, al cruzar los Pirineos, el panorama cambia radicalmente. El mapa de precios de ESIOS muestra tonos rojos en el centro y norte de Europa: Alemania paga 100,62 €/MWh, Bélgica 72,04 €/MWh y los Países Bajos 88,70 €/MWh. Francia, ubicada en una posición clave, goza de un precio accesible de 13,61 €/MWh, al adquirir energía barata del sur sin permitir su paso a los países del norte. Esta diferencia ilustra el concepto de “isla energética”: una península con abundantes recursos que carece de conexiones adecuadas para distribuirlos.
Lo observado en las primeras dos semanas de febrero representa lo que los especialistas denominan un “desacople total”. Según el análisis de Aleasoft Energy Forecasting, la llegada de varias borrascas atlánticas ha impulsado la producción eólica e hidroeléctrica en la península. Al combinarse con la generación solar, la oferta ha superado ampliamente la demanda local.
En el mercado ibérico (MIBEL), los precios descendieron un 43% en España y un 74% en Portugal en una sola semana, alcanzando medias diarias de 0,54 €/MWh, niveles no vistos desde abril de 2024. Por otro lado, los gráficos de Energy Charts indican que Alemania mantuvo precios por encima de 100 €/MWh durante gran parte de enero y principios de febrero, dependiendo todavía de fuentes no renovables.
Contar con electricidad a bajo costo parece beneficioso para los usuarios residenciales, pero revela una ineficiencia estructural. Sin suficientes líneas para exportar el sobrante a una Europa que necesita energía económica, España debe recurrir al curtailment (vertidos técnicos). Esto significa descartar alrededor del 7% de la energía limpia porque la red no puede absorberla y no hay rutas de salida.
Este contexto genera precios cero que, de manera paradójica, pueden perjudicar a los inversores en renovables, quienes requieren ganancias para expandir instalaciones. Además, ha expuesto las limitaciones de la red interna española. La red se considera “colapsada” administrativamente: la CNMC ha pospuesto hasta mayo de 2026 la publicación de los mapas de capacidad, ya que bajo los nuevos estándares de seguridad, el 90% de los nudos aparecen saturados. Solo se aprueban el 12% de las solicitudes de conexión, lo que implica que existe la energía, pero faltan las infraestructuras para transportarla a nuevas industrias y hogares.
Si hay excedente en el sur y escasez en el norte, surge la pregunta de por qué no se crea una línea eléctrica principal. La explicación radica en el proteccionismo nuclear. El presidente Emmanuel Macron ha calificado las interconexiones como un “debate falso”, alegando que el problema de España reside en un “modelo 100% renovable que su propia red no soporta”. No obstante, los datos contradicen esta visión del Elíseo. Como señala el experto Joaquín Coronado, España no es 100% renovable (cerró 2025 en un 55,5%) y, en realidad, fue España quien apoyó a Francia en 2022 y 2025, exportando electricidad mediante ciclos combinados cuando el parque nuclear francés presentó fallos por corrosión y altas temperaturas.
Según el consejero delegado de Redeia, Roberto García Merino, el obstáculo “no es técnico, es pura geoestrategia”. Francia busca rentabilizar una inversión de 300.000 millones de euros en su parque nuclear y teme que la influxión masiva de energía solar española, más económica, reduzca los precios y la viabilidad de sus reactores. Por ello, París ha omitido de su plan de red 2025-2035 los proyectos clave de interconexión por Aragón y Navarra, dejando a la Península Ibérica como una isla con solo un 2,8% de interconexión, lejos del objetivo europeo del 15%.
La Comisión Europea ha emitido un ultimátum a Francia, otorgándole nueve meses para resolver la situación y presentar una declaración de compromiso político.
Entretanto, el único proyecto en marcha, aunque a paso lento, es el cable submarino por el Golfo de Vizcaya. Redeia ha confirmado que las operaciones de tendido iniciarán en el verano de 2026, con el objetivo de operatividad en 2028.
Dentro de la Unión Europea, un miembro persigue autonomía energética y precios competitivos para su industria, pero tolera que otro socio clave mantenga bloqueado el acceso desde el sur. España podría actuar como la batería verde de Europa, pero sin opciones de exportación, ese potencial se pierde en precios negativos y vertidos técnicos. Esto sucede mientras Francia opera como un guardián estricto que defiende sus intereses nucleares, impidiendo que la Unión Europea funcione realmente como una unión energética integrada.