Naciones buscan frenar la concentración de riqueza en magnates tecnológicos. La Antigua Roma enfrentó un desafío similar

La acumulación de riqueza en manos de unos pocos, como ocurre hoy con los multimillonarios del sector tecnológico, no representa un problema moderno. Más de dos mil años atrás, la Antigua Roma lidió con el mismo conflicto que ahora inquieta a gobiernos globales: un grupo reducido de individuos acaparaba tierras y recursos, mientras la mayor parte de la población caía en la pobreza extrema.

Un joven líder político llamado Tiberio Sempronio Graco pensó haber hallado una forma de redistribuir la fortuna de los patricios romanos, pero su propuesta le llevó a la muerte.

El adinerado que desafió a los poderosos

A mediados del siglo II a.C., después de aniquilar Cartago y Corinto, Roma se erigió como la principal fuerza en el Mediterráneo. No obstante, este crecimiento no benefició a todos de igual manera.

Para los agricultores romanos de bajos recursos, trajo una crisis social profunda. Los dueños de pequeñas parcelas, que por generaciones habían trabajado sus campos y combatido en las legiones, fueron desplazados por vastos latifundios operados con esclavos provenientes de las conquistas recientes.

Las extensas campañas bélicas impedían que los soldados campesinos volvieran a tiempo para las siembras, lo que perjudicaba las finanzas de sus hogares. Al regresar, encontraban que sus propiedades habían sido confiscadas por los aristócratas adinerados de Roma.

Tiberio Sempronio Graco, nieto de Escipión el Africano —el general que venció al cartaginés Aníbal— y descendiente de una de las familias más influyentes de Roma, tenía un camino político prometedor asegurado. Sin embargo, en 133 a.C., al ser elegido tribuno de la plebe, impulsó una reforma agraria destinada a repartir las inmensas fortunas de los grandes propietarios. Esto se asemeja a las iniciativas que California y otras naciones promueven actualmente en el mundo.

Con esta acción, Graco confrontaba a su propia clase, ya que pertenecía a una familia acomodada. Su legislación fijaba que ningún ciudadano podía tener más de 500 iugera (alrededor de 125 hectáreas) de tierra pública, conocida como ager publicus.

Las extensiones que superaran ese tope serían confiscadas y asignadas a los campesinos sin propiedades. En esencia, esto ponía fin a los enormes latifundios controlados por los romanos más acaudalados. La reforma perseguía dos metas: restaurar la estabilidad económica del pueblo romano y asegurar que Roma contara con suficientes ciudadanos propietarios para formar sus legiones, pues solo ellos podían enlistarse como soldados.

Generando aliados entre los más acaudalados

De acuerdo con las crónicas antiguas de Plutarco, redactadas entre los años 96 d.C. y 117 d.C., Tiberio no pretendía desencadenar una revuelta contra los ricos, sino revivir antiguas normas republicanas que habían sido olvidadas.

Para respaldar su iniciativa, Tiberio dio discursos ante el pueblo empobrecido de Roma. En uno de sus más recordados, preservado por Plutarco, el tribuno afirmó: “Sus generales les engañan cuando, en las batallas, los animan a luchar por los templos de sus dioses y por las tumbas de sus padres. Esto se debe a que, de un gran número de romanos, ninguno tiene su propio altar doméstico o tumba familiar. Luchan y mueren para alimentar la opulencia y el lujo de otros, y, cuando dicen ser dueños del mundo entero, ni siquiera poseen un pedazo de tierra”.

El Senado, controlado por los grandes terratenientes, trató de obstruir la reforma por todos los medios. Convencieron a otro tribuno llamado Octavio para que la vetara, pero Tiberio replicó con una jugada osada e inédita: impulsó que la asamblea removiera a Octavio por ir en contra de los intereses populares.

La reforma se aprobó y se ejecutó, dividiendo los vastos latifundios entre los campesinos romanos. No obstante, cuando Tiberio buscó un segundo período como tribuno —una costumbre vista entonces como opuesta a las tradiciones romanas—, la élite decidió que había sobrepasado los límites.

Según los registros históricos, durante las votaciones en el Capitolio, un conjunto de senadores guiados por el pontífice máximo Escipión Násica —pariente de Tiberio— irrumpió con seguidores armados con palos y patas de sillas desprendidas de la Curia. En ese sitio sagrado, donde las espadas estaban prohibidas, golpearon hasta la muerte a Tiberio y a unos 300 de sus aliados. Su cadáver fue lanzado al río Tíber sin que su familia pudiera enterrarlo.

Una década después, en 123 a.C., el hermano de Tiberio, Cayo Sempronio Graco, continuó la misión de su hermano con un plan aún más amplio.

Cayo promulgó la Lex Frumentaria, que requería al Estado suministrar trigo a la plebe a precios inferiores al mercado, estableciendo las bases para un sistema de subsidios alimenticios que duraría siglos.

También sugirió otorgar la ciudadanía romana a los pueblos itálicos que combatían en las guerras romanas pero no recibían sus ventajas. El Senado recurrió a estrategias populistas, alertando que los italianos extranjeros mermarían las ayudas a los ciudadanos romanos, y cuando Cayo perdió respaldo popular, fue acosado hasta el Monte Aventino cerca de Roma, donde mandó a su leal esclavo Filócrates que lo matara. Junto a él perecieron cerca de 3.000 de sus seguidores.

El impacto que perduró más allá de la brutalidad

Aunque el Senado eliminó a los dos hermanos, no logró eliminar su influencia. Las reformas propuestas por los Graco se implementaron décadas más tarde bajo el mando de Julio César, quien disponía de un ejército fuerte que lo resguardaba de un destino similar.

Los historiadores Plutarco y Apiano documentaron los eventos de los hermanos Graco siglos después, y ambos los describieron como políticos con ideas firmes que recurrieron al pasado de Roma para resolver los problemas de su gente.

Irónicamente, aunque la historia de los hermanos Graco ocurrió hace más de 2.000 años, se pueden hallar paralelos muy parecidos en la actualidad con solo revisar las noticias recientes.