
En un lapso de solo 72 horas, las reservas de agua en España han registrado un aumento sin precedentes. Las cifras han escalado de 693 hectómetros cúbicos en un día a 2.349 hm³ en apenas tres días. No obstante, tras esta imagen de prosperidad y un mapa del país cubierto de azul, Greenpeace alerta de que se trata de una ilusión visual. Lo que reluce bajo el sol es agua, pero lo que se acumula en el fondo, de forma oculta y gradual, es barro. Y la cantidad sigue en aumento.
La organización ambiental Greenpeace ha emitido una advertencia: la duración operativa de los embalses españoles se está agotando. No se refiere a un peligro inmediato de colapso en las estructuras de hormigón —las presas son robustas desde el ángulo de la ingeniería civil—, sino a lo que llaman una “disminución significativa en la eficiencia funcional”.
El núcleo del asunto radica en el tiempo. La mayoría de la infraestructura hidráulica se construyó durante la dictadura (1950-1975). De acuerdo con los datos de la organización, “una porción considerable de las presas está superando actualmente el límite de su vida útil proyectada”, calculada entre 50 y 75 años. El hormigón resiste, pero los componentes de acero, como válvulas y sistemas de drenaje, se deterioran con los años.
Para comprender por qué los embalses pierden volumen, es necesario examinar la intensidad de las precipitaciones recientes. Según la entidad, las tormentas explosivas actuales impactan en cuencas altamente erosionadas. El agua transporta toneladas de suelo, rocas y residuos hacia el embalse.
Las estructuras antiguas no tienen la capacidad para manejar esta combinación. Los indicadores técnicos son preocupantes. De acuerdo con reportes del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas), el río Ebro ha alterado drásticamente su patrón. Antes de las presas, el río llevaba 5,16 millones de toneladas de sedimentos al año hasta el Delta. Ahora, retenido por las barreras de hormigón, solo permite el paso de 0,37 millones de toneladas. El remanente queda atrapado, disminuyendo el espacio disponible para el agua.
Esto no es un suceso inesperado; es el resultado de manejar el clima del siglo XXI con tecnología de mediados del siglo XX. Greenpeace enfatiza que las presas funcionan bajo una “presión climática para la que no fueron concebidas”.
En la provincia de León, embalses emblemáticos como Villameca (inaugurado en 1946) o Barrios de Luna (1956) se diseñaron con base en condiciones climáticas estables que difieren mucho de la variabilidad extrema de hoy. Los especialistas han advertido durante años: geólogos de la Universidad de Barcelona señalaron en 2018 que la incertidumbre sobre el volumen real de sedimentos es elevada, ya que supervisar el fondo de todos los pantanos es complicado y costoso.
Esta acumulación de materiales no solo afecta la capacidad; también plantea un riesgo de seguridad que ya se manifiesta de manera alarmante en el sur. Mientras se celebra la lluvia, en Huelva se desarrolla una lucha discreta contra el barro tóxico.
Hace pocos días, la Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha movilizado de manera preventiva en las balsas mineras de la provincia. Allí, las precipitaciones intensas —que han triplicado las estimaciones en ciertas áreas— han saturado el suelo al máximo. El peligro ya no es solo la reducción de espacio en el embalse, sino la licuefacción de los lodos: la presión del agua transforma los residuos sólidos en una masa incontrolable. Esto sirve como un recordatorio vívido de que nuestras infraestructuras, ya sean presas de agua o balsas de residuos, enfrentan un estrés para el que están mal equipadas.
Si los embalses están saturados de lodo, lo lógico sería removerlo; sin embargo, la viabilidad económica lo hace impracticable. Documentos técnicos del CEDEX, mencionados en la denuncia de Greenpeace, indican que el costo de extraer el sedimento “excede ampliamente el de haberlo evitado”. Limpiar un embalse pequeño de solo 10 hm³ podría requerir entre 50 y 150 millones de euros. Si el lodo exige tratamiento antes de su disposición, el gasto se eleva. Por su lado, el MITECO ha empezado “ensayos piloto” para desplazar sedimentos en el tramo Mequinenza-Ribarroja, con un presupuesto de 1,2 millones de euros, pero se trata de acciones precisas en un problema generalizado.
Para Greenpeace, la respuesta no reside en el hormigón, sino en la naturaleza. “La solución no finaliza en la presa o embalse, sino que inicia en su entorno”, sostienen. La organización demanda una restauración hidrológico-forestal inmediata, donde un cauce saludable y una cuenca arborizada funcionen como una “esponja”. Las raíces sujetan el suelo y evitan que, durante lluvias torrenciales, la montaña se desintegre y termine en el fondo del pantano.
El Reglamento de Restauración de la Naturaleza de la UE, aprobado en 2024, requiere que España presente un Plan Nacional para agosto de 2026. Representa la oportunidad final para modificar la aproximación.
Julio Barea, responsable de aguas en Greenpeace, emite una advertencia concluyente que debería trascender la lluvia presente: “La obsolescencia técnica de nuestros embalses nos hará cada vez más vulnerables ante la siguiente gran crisis hídrica”. Si no se actualizan los desagües de fondo (para permitir la salida del barro) y no se reforestan las cabeceras de los ríos (para impedir que el barro llegue), la “garantía de agua” se convertirá en una ilusión numérica.