
El Gobierno de España mantiene su campaña contra las llamadas de spam. A inicios de esta semana, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dio luz verde al nuevo Reglamento General de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica. El objetivo principal, de acuerdo con el Gobierno, es salvaguardar a los consumidores a través de nuevas disposiciones. Una de estas choca directamente con una costumbre habitual de las empresas comercializadoras: las llamadas de spam.
Una vez que entre en vigor el nuevo reglamento, se prohíben las llamadas telefónicas destinadas a publicidad o contratación de servicios, siempre que “no las haya solicitado expresamente el consumidor con carácter previo o sea él quien llame a la compañía”.
No surtirá efecto de inmediato, ya que las compañías contarán con cuatro meses para ajustarse a la normativa, bajo amenaza de multas que oscilan entre 600.000 y 6.000.000 euros en caso de incumplimiento, conforme a la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico.
Además de la prohibición de llamadas sin consentimiento expreso, el Real Decreto establece la obligación de ofrecer un número de atención al cliente totalmente gratuito, junto con un plazo máximo de 15 días para responder a las reclamaciones y quejas de los usuarios.
También se veta la interrupción del suministro a consumidores electrodependientes, en días festivos y vísperas.
Aunque el Gobierno lleva más de un año tratando de resolver el problema del spam, la situación real es muy diferente. De acuerdo con la OCU, el 99% de los españoles (incluyéndome a mí, esta misma semana) continúa recibiendo llamadas no deseadas.
Algunas empresas siguen utilizando el consentimiento previo para enviar comunicaciones publicitarias, y otras equipan a sus centros de llamadas con números de teléfono ajenos a los prefijos convencionales para persistir en su práctica, a pesar de que la ley lo sancione.
La lucha contra el spam no impacta únicamente a…