
“Se trata de una obra monumental, y no exageramos al afirmar que no existe otra similar en el mundo actual”. Estas palabras las dijo el expresidente mexicano Manuel López Obrador a finales de 2023, y aunque en la política es común el empleo de expresiones exageradas, en este caso no estaba lejos de la realidad. Se refería al Tren Maya, un vasto circuito ferroviario que supera los 1.500 kilómetros, el cual comenzó a operar hace más de dos años entre Campeche y Cancún y continúa desarrollándose como una prioridad para el Gobierno.
México requiere que este proyecto triunfe, pero no a costa de todo.
La justicia mexicana ha recordado a las autoridades que, por muy relevante y estratégico que sea, el Tren Maya no puede progresar ignorando las regulaciones. Por esa razón, emitió una orden de suspensión que impactará las obras en uno de sus segmentos más controvertidos.
Para que el proyecto avance, las autoridades deberán esforzarse más en proteger los recursos naturales en una de las áreas más delicadas por las que pasará el ferrocarril: la zona entre Cancún y Tulum, correspondiente al Tramo 5 del Tren Maya.
Emitió una orden de suspensión definitiva enfocada en ese tramo específico. Esto no implica que el proyecto esté condenado ni que el Tren Maya deba abandonar su ruta entre Cancún y Tulum, pero representa una advertencia para los encargados y un recordatorio de que las labores deben respetar el entorno. En esencia, el magistrado exige a las autoridades ambientales mexicanas que verifiquen el cumplimiento de las normas y supervisen el proyecto.
La orden judicial requiere que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realice inspecciones directas y continuas en el tramo Cancún-Tulum. No se aceptarán revisiones solo en documentos o informes elaborados desde oficinas en Ciudad de México, lejos del sitio de las obras. El fallo surgió gracias a la intervención de la organización ‘Sélvame’ y se dirige a Profepa y la Dirección General de Delitos, Conmutaciones, Denuncias y Quejas.
Sí lo es. De acuerdo con El Cronista, la orden impone varias obligaciones a las entidades responsables, lo que en la práctica las forzará a intensificar su supervisión. Para comenzar, deberán llevar a cabo una vigilancia directa en el terreno. Además, tendrán que comprobar los impactos en especies protegidas, la salvaguarda de los cenotes y el control de los ríos subterráneos.
Finalmente, el fallo indica la necesidad de preparar informes detallados. Si no se cumplen estas exigencias, los responsables podrían enfrentar sanciones.
La organización Sélvame ha calificado la decisión del juez como “un avance significativo” en la defensa del medio ambiente. “Representa un paso clave hacia la protección de los recursos naturales y asegura que se realizarán acciones de verificación, inspección, conservación y protección frente a las denuncias públicas relevantes”, celebran. Los grupos que han alertado durante tiempo sobre presuntas irregularidades, como la tala de árboles o labores sin supervisión que afectan humedales, indican que vigilarán el cumplimiento de la orden.
Esa es una de las cuestiones centrales. El Tren Maya es un circuito ferroviario extenso, de más de 1.500 km, pero la atención se centra en un punto específico: el Tramo 5, dividido en segmentos norte y sur entre Tulum y Cancún. En total, según la Guía del Tren Maya, mide algo más de 100 km. Más allá de su longitud, que es menor que la de otros tramos, la prensa local resalta que es uno de los más sensibles. La razón: la existencia de ecosistemas frágiles, cuevas, ríos subterráneos y amenazas a la biodiversidad.
En agosto de 2024, la plataforma Verificado informó que la construcción del Tren Maya había impactado aproximadamente 7,3 millones de árboles, una buena parte (3,5 millones) en el Tramo 5. En 2024, un tribunal ya ordenó detener los trabajos hasta que se presentaran estudios geológicos, geofísicos e hidrológicos.
En primer lugar, como admitió el propio López Obrador en diciembre de 2023 durante el viaje inaugural del Tren Maya, porque este circuito ferroviario no es un proyecto ordinario. Y no solo por su efecto en el entorno, sus dimensiones, costos o gran ambición.
Con él, las autoridades mexicanas buscan promover el desarrollo de la región sureste, creando una nueva red principal de comunicaciones que impulse el turismo. El inconveniente es que su implementación no ha sido sencilla. Su lanzamiento no ha logrado el éxito previsto (al menos en cuanto a volumen de pasajeros) y su administración acaba de transferirse a la Secretaría de Defensa.