Después del fracaso en la reducción de la jornada laboral, el Gobierno recurre a una opción alternativa: menos horas para los funcionarios
La disminución de la jornada laboral representaba uno de los principales compromisos del Gobierno para el actual período legislativo. Su meta consistía en pasar de 40 a 37,5 horas por semana sin afectar los salarios. Aunque la iniciativa se procesó, terminó estancada en el Congreso debido a la ausencia de respaldos suficientes.
Frente a este obstáculo, el Ejecutivo ha decidido progresar en áreas donde no requiere negociaciones con otras partes ni con el Parlamento. Esto se centra en el único sector laboral bajo su control directo: los empleados públicos de la Administración General del Estado, excluyendo aquellos vinculados a comunidades autónomas o municipios.
El revés en el Congreso para la jornada de 37,5 horas. Esta reforma general implicaba alterar el Estatuto de los Trabajadores, lo que demandaba una aprobación crucial en el Congreso. Al no obtenerse ese apoyo, la propuesta quedó sin viabilidad legislativa inmediata.
En este panorama, el Ministerio de Trabajo sostiene oficialmente su promesa de reducir la jornada, aunque no puede extenderla a todo el mercado de trabajo. Esta restricción justifica el enfoque hacia el empleo público estatal, donde el Gobierno actúa como empleador principal y puede acordar las condiciones de los funcionarios estatales sin depender de otras fuerzas políticas.
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La implementación de 35 horas y el fortalecimiento del teletrabajo. En este marco, el acuerdo principal entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y los sindicatos incluye establecer una jornada de 35 horas semanales para el personal de la Administración General del Estado. El plan del Gobierno es aprobarlo a inicios de 2026 y ponerlo en marcha desde febrero, tras realizar los ajustes necesarios en cada área.
Además de la reducción de horas, el convenio consolida el compromiso con el teletrabajo. No se introduce como algo nuevo, sino que se afianza y regula una práctica ya existente, proporcionándole un marco normativo más sólido. La idea es definir las condiciones, asegurar los recursos técnicos y prevenir que el trabajo remoto quede sujeto solo a decisiones internas de cada departamento.
Estas iniciativas se aplican únicamente al personal bajo dependencia estatal, excluyendo a los funcionarios de comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades con regulaciones propias, que conservan su autonomía para negociar.
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Un detalle relevante: los funcionarios ya contaban con menos horas. El punto de inicio para esta reducción no equivale al del sector privado. Los empleados de la Administración General del Estado ya operaban con 37,5 horas semanales desde hace tiempo, por debajo de las 40 horas estándar legales.
De hecho, en administraciones autonómicas como Andalucía, Extremadura, País Vasco, Canarias, Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla y León, se aplica la jornada de 35 horas desde 2019, aunque en algunos casos se suspendió temporalmente.
Esto hace que la medida actual sea una continuación lógica, ya implementada en otras administraciones, alineando así a los funcionarios estatales con sus pares autonómicos.
El otro aspecto del pacto: el aumento salarial pendiente. El acuerdo entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y los sindicatos principales va más allá de la jornada. También resuelve la aplicación del alza salarial del 2,5% para 2025, que estaba en suspenso, y del 1,5% para 2026.
Este elemento es fundamental para comprender el balance del convenio, ya que la reducción de horas no conlleva una disminución en los ingresos, sino que se complementa con un impulso al poder adquisitivo de los funcionarios, tras periodos de congelaciones salariales y en medio de un entorno inflacionario.
Un paso con alcance restringido. Dado que estos ajustes solo impactan a los funcionarios de la Administración del Estado, su efecto cuantitativo es moderado, afectando a aproximadamente 250.000 empleados públicos.
No obstante, representa un incentivo significativo para captar talento cualificado en la Administración pública, facilitando la renovación de sus equipos al ofrecer estabilidad laboral y mejores opciones de conciliación. Estos son aspectos que las empresas privadas tienden a restringir cada vez más.
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Imagen | Unsplash (Lissete Laverde)
La noticia Tras el fiasco de la reducción de jornada laboral, al Gobierno solo le ha quedado una vía: que los funcionarios trabajen menos fue publicada originalmente en Xataka por Rubén Andrés.
