España posee una “segunda red” de 130 GW almacenada en un cajón: la energía está disponible, pero las conexiones no se materializan
Mientras España establece récords en la producción de energía renovable, su red de transporte —el sistema nervioso del país— enfrenta un bloqueo administrativo que podría detener la reindustrialización y el acceso a la vivienda. Hemos estado reportando el diagnóstico: la energía existe, pero no hay forma de conectarla.
El inconveniente radica más en la documentación que en la infraestructura física. Red Eléctrica (REE), el principal actor en esta crisis, ha optado por romper su silencio técnico y apuntar directamente a la burocracia. De acuerdo con el CEO de Redeia (la empresa matriz de REE), Roberto García Merino, la compañía no enfrenta limitaciones financieras ni de suministros; el obstáculo es que “no cuenta con permisos para invertir más”.
La diferencia entre los plazos administrativos y la realización física es enorme. Según detalla El Economista, construir una subestación solo toma un año de trabajo, pero su tramitación previa puede extenderse de tres a seis años. Para las líneas de larga distancia, la situación es peor: de seis a doce años de trámites para apenas dos años de construcción efectiva.
La “sala de espera” en cifras
Esta inmovilidad ha generado un panorama alarmante:
- 130 GW de generación renovable han recibido permiso de acceso, pero esperan la expansión de la infraestructura para inyectar su energía. Esta cantidad equivale a todo el parque de generación actual.
- 20 GW de demanda industrial y de centros de datos están a la espera de una conexión que no llega.
- La inversión de REE en 2024 alcanzó un récord de 1.500 millones de euros, pero la compañía enfatiza que todos los proyectos con permiso de construcción ya están en marcha.
Un bloqueo que afecta la construcción y la industria
Esta situación va más allá de discusiones en oficinas; tiene impactos directos en la sociedad. El sistema eléctrico español ha experimentado un “infarto” administrativo. Como se ha explicado en Xataka, la CNMC ha tenido que aplazar tres meses la publicación de los mapas de capacidad (del 2 de febrero al 4 de mayo de 2026) por el temor de que el 90% de los nudos de la red aparezcan en “rojo”, lo que bloquearía desde fábricas hasta 350.000 nuevas viviendas que, según la patronal Asprima, están en riesgo debido a la falta de potencia.
Frente a esto, García Merino solicita medidas inmediatas: la implementación de “silencios positivos” o “declaraciones responsables” que permitan comenzar las obras mientras la burocracia continúa, una aproximación que ya gana apoyo en Bruselas.
El obstáculo pirenaico
Mientras la red interna se congestiona, España genera tanta energía económica que debe desecharla (curtailment). La Península Ibérica tiene un excedente de renovables que reduce los precios a niveles cercanos a cero o incluso negativos. Sin embargo, esta abundancia no puede exportarse al resto de Europa.
Según varios analistas y el propio CEO de Redeia, Francia es el responsable. El país vecino funciona como un “tapón” para proteger su industria nuclear, evitando que la energía solar y eólica española —mucho más competitiva— baje sus precios. Con solo un 2,8% de interconexión, España permanece como una isla energética que desperdicia su potencial verde.
El costo de la modernización
El futuro eléctrico de España no solo depende de la electricidad, sino también de políticas y facturas. Para financiar este “modo reforzado” de operación y liberar las inversiones, se anticipa que en 2026 los ciudadanos enfrenten un aumento en peajes y cargos en sus recibos.
Como indican fuentes del sector, “los planes son atractivos, pero hay que ejecutarlos”. España tiene todo para convertirse en la batería de Europa, pero mientras la tramitación de un cable tome una década, ese potencial quedará atrapado en una eterna sala de espera burocrática.
