
Introducción El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda para revocar la ciudadanía estadounidense a un fraile franciscano capuchino mexicano, Urbano Vázquez Ortega, condenado en 2019 por abuso sexual de menores. Según fuentes, Vázquez Ortega obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2017, pero ahora se busca revocarla debido a sus delitos...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda para revocar la ciudadanía estadounidense a un fraile franciscano capuchino mexicano, Urbano Vázquez Ortega, condenado en 2019 por abuso sexual de menores. Según fuentes, Vázquez Ortega obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2017, pero ahora se busca revocarla debido a sus delitos.
Vázquez Ortega, de 53 años, fue sentenciado a 15 años de prisión en 2019 por múltiples cargos de abuso sexual infantil en segundo grado mientras trabajaba como sacerdote en una iglesia de Washington, D.C. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense señaló que los delitos ocurrieron antes, durante y después de su naturalización. Además, se trata de uno de los diez casos en los que se busca revocar la ciudadanía debido a delitos graves, incluyendo abuso sexual de menores, fraude y narcotráfico.
El caso de Vázquez Ortega ha generado una gran preocupación en la comunidad, especialmente en la Arquidiócesis de Washington, que ha expresado su compromiso con la protección de los niños y adultos vulnerables. El entonces Arzobispo de Washington, Mons. Wilton D. Gregory, emitió un comunicado expresando su cercanía con las víctimas y sus familias, y reiteró su compromiso con la rendición de cuentas en la Iglesia local. La Arquidiócesis también tomó medidas para apartar al fraile de su ministerio y suspender sus facultades sacerdotales después de la primera denuncia en 2018.
Este caso destaca la importancia de la vigilancia y la rendición de cuentas en las instituciones, especialmente en aquellas que trabajan con menores y adultos vulnerables. La revocación de la ciudadanía en este caso es un ejemplo de las consecuencias legales que pueden enfrentar aquellos que cometen delitos graves. Además, el caso subraya la necesidad de una mayor transparencia y cooperación entre las autoridades civiles y religiosas para prevenir y abordar el abuso sexual de menores.
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