
La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) ha encendido las alarmas sobre un fenómeno que, según sus registros, se agrava año tras año en Colombia: el incremento sostenido de las amenazas contra líderes religiosos. La advertencia se desprende del Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2025,...
La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) ha encendido las alarmas sobre un fenómeno que, según sus registros, se agrava año tras año en Colombia: el incremento sostenido de las amenazas contra líderes religiosos. La advertencia se desprende del Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2025, presentado en Bogotá con la participación de Marcela Szymanski, directora de Promoción Internacional de ACN, y que documenta casos ocurridos durante 2023 y 2024.
Según el informe, la Oficina del Defensor del Pueblo registró un aumento del 31% en las violaciones de la libertad religiosa entre 2023 y 2024. Sin embargo, el dato más alarmante es el de las amenazas de muerte contra líderes religiosos, que se duplicaron al pasar de cuatro casos en 2023 a ocho en 2024, un incremento del 100%. La discriminación contra iglesias y comunidades religiosas fue la otra categoría con mayor crecimiento. Como resultado, Colombia quedó clasificada “bajo observación” en la escala de la fundación.
Durante su visita al país, Szymanski explicó que buena parte de estas vulneraciones responde al avance de grupos armados, estructuras criminales y economías ilegales que ejercen control territorial sobre comunidades enteras. “Cuando un sacerdote, un pastor o un líder religioso es amenazado o silenciado, también se debilita el tejido social y la esperanza de miles de personas”, advirtió la directiva, subrayando que el impacto trasciende lo individual.
La directiva de ACN recordó que la libertad religiosa está respaldada por el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y precisó que no se limita a la libertad de culto: incluye el derecho a tener o no tener una religión, cambiarla y vivir conforme a las propias convicciones, tanto en el ámbito público como privado. En Colombia, este derecho está reconocido en el artículo 19 de la Constitución y desarrollado por la Ley 133 de 1994.
A pesar de las alertas, Szymanski destacó que Colombia conserva instituciones y un Estado de derecho sólidos, con una tendencia en libertad religiosa que sigue siendo positiva frente a otros países de la región. El reto central, señaló, es combatir la impunidad que permite a los actores criminales continuar vulnerando derechos fundamentales.
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