
Corte Suprema de EE. UU. Aprueba Políticas de Asilo de Trump El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó las políticas de inmigración de la administración Trump, que habían enfrentado una fuerte oposición por parte de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) y de otros grupos católicos...
El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó las políticas de inmigración de la administración Trump, que habían enfrentado una fuerte oposición por parte de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) y de otros grupos católicos. Estas decisiones permiten al Departamento de Seguridad Nacional poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos y sirios, y autorizan al gobierno a rechazar a solicitantes de asilo en la frontera sur al limitar el número de solicitudes que procesará cada día.
Anna Gallagher, directora ejecutiva de la Red Católica de Inmigración Legal, expresó que ambas decisiones son “devastadoras para nuestros clientes y para quienes acompañamos a los inmigrantes vulnerables a través del sistema legal”. La eliminación del TPS para haitianos y sirios los priva de las protecciones legales que les permitían trabajar y evitaban su deportación. Además, la política de “metering” en la frontera sur limita el número de solicitudes de asilo que se procesan cada día, dejando a muchos solicitantes varados en campamentos fronterizos.
El juez Samuel Alito, autor de la opinión mayoritaria, señaló que la propia ley concede al gobierno una amplia discrecionalidad para decidir si aprueba, prorroga o pone fin al estatus de protección para un determinado país. Sin embargo, la jueza Elena Kagan sostuvo que la Corte se equivocó al concluir que todas las reclamaciones no constitucionales están excluidas de revisión judicial, y que los comentarios de Trump demuestran que la raza influyó en la decisión de eliminar el TPS para Haití.
Los obispos estadounidenses habían instado al gobierno a prorrogar el Estatus de Protección Temporal, incluido el concedido a los haitianos, una comunidad mayoritariamente católica. Andrew Arthur, investigador residente en derecho y políticas del Center for Immigration Studies, explicó que la decisión básicamente consolida el principio de que “nadie tiene la posibilidad de demandar cuando el gobierno decide poner fin al TPS”. La Corte Suprema aún no ha emitido su decisión sobre el caso migratorio más importante que tiene actualmente ante sí, Trump v. Barbara, que determinará el alcance del derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
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