
Introducción El Vaticano ha promulgado una nueva Constitución que supone un cambio significativo en la forma de comprender el fundamento de la autoridad del Papa sobre el Estado de la Ciudad del Vaticano. Según expertos, la nueva Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, promulgada por León XIV, elimina la referencia...
El Vaticano ha promulgado una nueva Constitución que supone un cambio significativo en la forma de comprender el fundamento de la autoridad del Papa sobre el Estado de la Ciudad del Vaticano. Según expertos, la nueva Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, promulgada por León XIV, elimina la referencia al “munus petrino” como fundamento de la autoridad del Papa, lo que se considera una corrección a una “anomalía” introducida por Francisco.
La Constitución promulgada por Francisco en 2023 establecía que el Papa ejercía los poderes soberanos sobre la Ciudad del Vaticano “en virtud del munus petrino”, lo que vinculaba la autoridad temporal del Papa a su condición de sucesor del apóstol San Pedro. Sin embargo, expertos como Giovanni Maria Vian consideran que esta formulación era una novedad absoluta y no tenía precedentes en la larga historia de la Sede Apostólica.
La decisión de León XIV de eliminar la referencia al “munus petrino” se considera un regreso a la tradición jurídica de 1929 y 2000. El historiador del cristianismo Giovanni Maria Vian explica que la autoridad temporal de los Papas surgió siglos después de la época apostólica y que la formulación introducida por Francisco resultaba difícil de sostener históricamente. Por su parte, el P. Roberto Regoli sostiene que León XIV ha recuperado la formulación clásica y que el poder temporal está al servicio del poder espiritual.
La nueva Constitución del Vaticano supone un cambio significativo en la forma de comprender el fundamento de la autoridad del Papa sobre el Estado de la Ciudad del Vaticano. La eliminación de la referencia al “munus petrino” se considera una corrección a una “anomalía” introducida por Francisco y un regreso a la tradición jurídica de 1929 y 2000. Según expertos, esta decisión refleja una visión más tradicional del ministerio petrino y una concepción más clásica del poder temporal del Papa.
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