“¿Conoces el lugar donde residimos? Estamos en España”: el caso de las VPO en Alicante encapsula los problemas clave de la vivienda
En la atractiva Playa de San Juan, en Alicante, se encuentra el complejo residencial ‘Les Naus’. A primera vista, no encaja con la idea típica de una vivienda social dirigida a clases trabajadoras o en situación de vulnerabilidad. Quienes residimos en Alicante conocemos que esta urbanización incluye piscina, gimnasio, canchas de pádel y tenis, además de un club social. No obstante, se trata de una iniciativa de Viviendas de Protección Pública (VPP) construida sobre terreno público que el Ayuntamiento vendió con ese propósito.
La contradicción resulta clara: uno de los propósitos de la vivienda protegida es prevenir la especulación, pero en este caso, la situación ha creado un panorama diferente, en el que personas de posición acomodada han descubierto una ventaja significativa.
Lo que se planeaba como una solución para el acceso a la vivienda se ha transformado en el centro de un gran escándalo. En lugar de estar ocupada por individuos en riesgo de exclusión, la urbanización ha sido descrita como un “acceso privilegiado de personas adineradas” al sector protegido, según detalla el periodista Antonio Zardoya en su columna para Alicante Plaza. Entre los beneficiarios figuran no solo ciudadanos comunes, sino nombres destacados, familias enteras y, lo más controvertido, funcionarios políticos y técnicos relacionados con la administración que manejó el terreno.
Como indica el periodista local, se refiere a una “urbanización para gente acomodada” donde, en vez de sonidos de labores cotidianas, se oyen los impactos de las raquetas de pádel.
Los nombres destacados en el escándalo
El origen del revuelo político ha sido la divulgación de la lista de asignatarios de estos 140 apartamentos. Al menos cuatro de ellos han terminado en posesión de individuos directamente conectados al Ayuntamiento de Alicante. Específicamente, la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; los dos hijos y un sobrino de la directora general de Organización Interna y Contratación, María Pérez-Hickman; y el arquitecto municipal de Urbanismo, Francisco Nieto. Todos ellos compraron y registraron propiedades en este complejo, como se ha reportado en El Información.
El escándalo ha generado renuncias inmediatas. Rocío Gómez, quien estaba de baja por maternidad, ha dejado su cargo de concejala para, según fuentes municipales citadas por medios locales, permitir que la investigación avance sin obstáculos. Gómez sostiene que se unió a la cooperativa en 2018, cinco años antes de ingresar en la política. Por otro lado, la directora general María Pérez-Hickman también ha renunciado a su puesto de confianza, aunque volverá a su rol como funcionaria al frente del área de Contratación, el mismo departamento que gestionó la venta de la parcela donde se edificó el complejo.
La más reciente renuncia política ha ocurrido en el Consell. Miguel Ángel Sánchez, jefe de gabinete de la consellera de Industria y Turismo, Marian Cano, ha dimitido después de que se revelara que la madre de sus dos hijas posee uno de los apartamentos en cuestión. Sánchez, quien afirma estar divorciado desde hace dos años y no tener conexión patrimonial con la propiedad, ha explicado su salida para “proteger a su familia” y prevenir que el asunto se use para “crear controversia” sobre las acciones del gobierno valenciano. Esta es la tercera dimisión confirmada relacionada con el caso.
Sin embargo, la lista de residentes “VIP” va más allá. Entre los habitantes hay una coincidencia notable de apellidos: los López Godoy, los Arenas Lorente, los Sánchez Belmonte… Se han identificado a hijos del notario que registró la formación de la cooperativa, agentes de la Policía Local, funcionarios de la Generalitat y familiares del administrador de la gestora, Francisco Ordiñana.
Además, el asunto ha afectado a la Generalitat. La Conselleria de Vivienda ha suspendido de empleo y sueldo a un funcionario de la dirección territorial que aprobó los expedientes. Este técnico, responsable de verificar que los solicitantes cumplieran los requisitos, dio el visto bueno al expediente de su propia esposa —quien es arquitecta del Ayuntamiento de Alicante— al omitir datos clave sobre la unidad familiar para no exceder los límites de ingresos.
El centro del conflicto está en el precio y el acceso. Estos apartamentos costaron a sus asignatarios entre 200.000 y 230.000 euros (incluyendo garaje y trastero), mientras que una propiedad nueva con características similares en el mercado libre de esa área varía entre 350.000 y 450.000 euros. En otras palabras, gracias al terreno público, se ahorraron casi la mitad del costo.
La indignación pública aumenta al conocerse las supuestas prácticas irregulares para obtener estos apartamentos. Relatos de personas interesadas que intentaron adquirirlos indican que se les solicitaron sumas exorbitantes en dinero no declarado. Una mujer contó en El Información que la inmobiliaria le exigió “227.000 euros declarados y el resto, hasta 450.000, en negro”. Es decir, 223.000 euros en “B”. Otro interesado reportó que le pidieron 180.000 euros adicionales en efectivo.
Adicionalmente, se ha detectado el no cumplimiento de la función social de la vivienda. Poco después de la entrega de llaves, varios apartamentos aparecieron en sitios como Idealista para alquilarse por 1.600 euros mensuales, lo cual está prohibido por las regulaciones que requieren destinar estas propiedades a residencia principal. Compromís ha denunciado que hay propietarios que viven en el extranjero y que los apartamentos se promocionan como inmuebles “de lujo”, lo que representaría una especulación evidente con un bien subsidiado.
El economista Gonzalo Bernardos ha sido directo al respecto en televisión: “De vulnerable no tienes nada y de ingresos bajos tampoco”. Critica que hijos de familias adineradas accedan a VPO porque “no tienen ingresos propios”, aunque cuenten con un patrimonio familiar considerable, y describe la situación como “tener mucha cara”.
Existe, además, un registro documental anterior que fue desatendido. Un informe del Servicio de Gestión Patrimonial del Ayuntamiento, fechado en 2025, ya advertía de “posibles conflictos de interés” al notar vínculos de parentesco entre asignatarios y empleados municipales involucrados en el expediente. El informe, reportado por ElDiario.es, señalaba que el “nivel y categoría de los adquirentes harían previsiblemente imposible la compatibilidad con los requisitos de capacidad económica”. Sin embargo, estas advertencias no tuvieron efectos en ese momento.
El inicio de la iniciativa
La historia se remonta a julio de 2018, durante el mandato del actual alcalde Luis Barcala (PP). El Ayuntamiento subastó esta parcela de 8.618 metros cuadrados en La Condomina para generar fondos y pagar una indemnización millonaria a Hansa Urbana. El precio de venta se estableció en 6,6 millones de euros.
El procedimiento fue complicado. El Ayuntamiento trató de cancelar el concurso inicial por problemas con las cláusulas de desempate, pero la cooperativa Residencial Les Naus llevó el asunto a los tribunales. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) falló a favor de la cooperativa y obligó al consistorio a asignarles el terreno, proceso que se completó en 2022.
Aquí reside uno de los argumentos clave que usa el gobierno municipal para defenderse: afirman que su rol se limita a “vender el terreno a un precio establecido” y que “no tienen autoridad” en la asignación de los apartamentos. Según el vicealcalde Manuel Villar, es la cooperativa privada la que selecciona a los socios “y no hay norma que establezca un control municipal”.
La empresa gestora de la cooperativa, Fraorgi, mantiene que se trata de una “iniciativa de VPP privada” y no pública, y defiende que la asignación se realizó respetando el orden de inscripción de los socios. Aseguran que la demanda era tan alta que “nos alcanzaba para llenar esta y diez iniciativas más”, y que completaron las listas con una reserva de 2.000 personas. No obstante, admiten que notificaron a personas con “interés previo” desde 2018.
El escándalo ha provocado un conflicto político y judicial en varios frentes. Por un lado, el propio Ayuntamiento de Alicante ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para investigar si algún funcionario cometió irregularidades, aunque su indagación interna —llevada a cabo por el secretario municipal— exonera a los cargos políticos (la exconcejala Gómez) y técnicos de haber influido en el proceso, argumentando que “no participaron en decisiones respecto al procedimiento”.
El PSOE ha ido más lejos y ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción la posible comisión de hasta cinco delitos: prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, conflicto de intereses, estafa y fraude a la Administración. Denuncian una “trama” para beneficiar a afines al PP. Por su parte, Compromís ha calificado los hechos de “tr
